Sobre el gobierno y la producción privada de defensa

De Hans-Hermann Hoppe
Del libro Monarquía, Democracia y Orden Natural, cuyo título en Inglés es Democracy, the God that failed

Tomado de Mises Hispano

CAPÍTULO 12

El pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. (Declaración de independencia).

Parte I

La creencia en la seguridad colectiva constituye uno de los tópicos más populares y trascendentales de nuestro tiempo. Nada menos que la legitimación del Estado reposa sobre ella.

Demostraré que la idea de seguridad colectiva es un mito que no puede proporcionar justificación alguna para el Estado y, así mismo, que la seguridad es y debe ser asunto privado. Antes que nada, expondré la reconstrucción en unas pocas cuestiones en cada caso.

El mito de la seguridad colectiva también puede denominarse mito hobbesiano. Thomas Hobbes, así como la legión de filósofos y economistas políticos que le siguieron, sostenía que en el estado de naturaleza los hombres se atacarían unos a otros todo el tiempo. Homo homini lupus est. Expresado en términos más modernos, en el estado de naturaleza existiría una «Insuficiente producción» de seguridad. Cada individuo, dejado a su suerte, gastaría «demasiado poco» en su propia defensa, lo que acarrearía una guerra interpersonal sin cuartel. La solución para esta situación, intolerable según Hobbes y sus sucesores, es el establecimiento de un Estado. Para instituir la cooperación pacífica entre dos individuos, A y B, se necesita de un tercero independiente, E, como árbitro y pacificador en última instancia. Sin embargo el tercero, E, no es un individuo como los demás y el bien que el proporciona, la seguridad no es un bien «privado». E es un soberano y como tal tiene dos únicas prerrogativas. Por un lado puede porfiar para que sus súbditos, A y B, no busquen protección en nadie más aparte de él; por tanto, E se convierte en un monopolista territorial coactivo de la protección. E puede determinar también unilateralmente, por otra parte la cantidad que A y B deben gastar en su propia seguridad; es decir, E puede exigir tributos necesarios para la provisión «colectiva» de seguridad.

De poco sirve discutir si el hombre es tan malo y tan lobo como suponía Hobbes o no, salvo para recalcar que la tesis de Hobbes, obviamente, no puede significar que al hombre solo lo muevan los instintos agresivos. De ser así, la humanidad hubiese perecido hace muchísimo tiempo. El hecho de que sobreviva prueba que el hombre también posee la razón y es capaz de domeñar sus impulsos naturales. La disputa se centra exclusivamente en la solución hobbesiana. Dado que el hombre es un animal de naturaleza racional, ¿Puede considerarse un progreso su solución al problema de la inseguridad? ¿Puede la fundación de un Estado reducir la conducta agresiva y promover la cooperación pacifica, mejorando de este modo la provisión privada de seguridad y protección? Las dificultades que plantea el argumento hobbesiano son evidentes. Una de ellas, dejando a un lado el problema de la maldad humana, es la existencia de E­—rey, dictador o presidente electo—. La aparición de E no altera la naturaleza del hombre. ¿Cómo puede ser mejor la protección de A y B si E les grava proporcionársela? ¿Acaso no resulta contradictoria la institución de E como protector de la propiedad expropiada? ¿No es esto lo que a veces se denomina –con mayor propiedad—un chantaje? Ciertamente, E hará la paz entre A y B, pero con el fin de poder robarles con mayor provecho. Cuanto mejor pertrechada esta la defensa de E, más indefensos y expuestos a sus ataques estarán A y B. Vista así, la seguridad colectiva no parece mejor que la privada, perfeccionada con la expropiación y el desarme económico de sus súbditos. Por lo demás, los estatistas, desde Hobbes a Buchanan, Han argumentado que un Estado protector como E llegaría a alguna solución parecido a un contrato «constitucional»[1]. ¿Pero quién en su sano juicio suscribiría un contrato que permitiese al protector determinar unilateralmente –e irrevocablemente—la suma que el protegido tiene que pagar por su protección? El hecho es que nadie nunca lo ha hecho[2].

Permítaseme interrumpir mi discusión y regresar a la reconstrucción del mito hobbesiano. Una vez aceptado que para instituir la cooperación pacífica entre A y B es necesario que haya un Estado, E, se imponen dos conclusiones. Si existe más de un estado, E1, E2, E3, del mismo modo que las relaciones A y B pueden no ser pacíficas, no tienen por qué haber paz entre los estados E1, E2, E3 mientras persista entre ellos el estado de naturaleza (o estado de anarquía). En consecuencia, para realizar la paz universal. Son necesarias la centralización y la unificación políticas y, en última instancia, la unidad del mundo bajo un único gobierno.

Resultará útil precisar aquello que puede considerarse incontrovertible. Para empezar, el razonamiento de Hobbes es correcto hasta el final. Si la premisa es correcta, las consecuencias se seguirán una detrás de otra. Los presupuestos empíricos hobbesianos parecen a primera vista ser corroborados por los hechos. Es cierto que los estados están en permanente guerra entre si. También que puede constatarse una tendencia histórica hacia la centralización política y la gobernación global. Lo discutible es la interpretación de estos hechos y la consideración de la unidad del mundo como un progreso para la provisión de seguridad y protección privada. Alguna anomalía empírica parece viciar entonces su argumento. La razón de la oposición entre los diferentes Estados E1, E2, y E3 se debe, según Hobbes, al estado de anarquía en el que se desenvuelven todos. Sin embargo, antes del advenimiento del Estado mundial, no son solo E1, E2 y E3 quienes viven en anarquía, sino que también cualquier ciudadano de un Estado vive en estado de naturaleza con respecto a los ciudadanos de otros Estados. La consecuencia de ello debería ser la constatación de que la guerra y la agresión tienen lugar entre los ciudadanos particulares de cada Estado, así como entre los diferentes estado. Sin embargo, esto no es así empíricamente. El trato privado entre extranjeros suele ser sensiblemente menos belicoso que el trato entre los diferentes gobiernos. Pero esto no es una sorpresa. Después de todo, un agente del Estado, E, a diferencia de sus súbditos, puede contar con la imposición fiscal domestica para dirigir sus «asuntos extranjeros». Dada su natural agresividad, parece evidente que E se comportara más cínica y violentamente con los extranjeros si puede externalizar los costes de esa conducta, seguramente cualquiera de nosotros correría mayores riesgos y se implicaría en acciones de provocación y agresión si puede hacer que los demás pagaran por ello. También los Estados, con toda probabilidad, estarían dispuestos a ampliar su monopolio de protección territorial (chantaje de la protección) a costa de otros Estados, apareciendo el gobierno mundial como resultado final de la competencia interestatal[3]. ¿Cómo se puede decir que esto supone un progreso sobre la provisión privada de seguridad y protección? En realidad sucede lo contrario. El Estado mundial es el vencedor de todas las guerras y el superviviente del chantaje de la protección. ¿Acaso no le convierte esto en una institución especialmente peligrosa? ¿Quién se resistiría al poder arrollador de un único Estado mundial, a cuyo lado los individuos son insignificantes?

[1] J. M Buchanan y G. Tullock, El cálculo económico del consenso. J. M Buchanan, Los límites de la libertad: entre la anarquía y el leviatán. Véase la crítica de M.N. Rothbard, «Buchanan and Tullock’s Calculus of consent», en The logic of actin, vol. 2, y «The myth of neutral taxation», loc. cit. También H,-H. Hoppe, the economics and ethics of private property, cap. 1.

[2] Sobre esto L. Spooner, No Treason.

[3] Véase H.-H. Hoppe, «The trouble with Classical Liberalism», Rothbard-Rockwell Report, 9, n.º 4, 1998.

Parte II

Hagamos un receso en nuestra abstracta consideración teórica para examinar brevemente la evidencia empírica que se relaciona con este asunto. Como se dijo al principio, el mito de la seguridad colectiva es tan popular y trascendental. No conozco ninguna investigación sobre esta materia, pero aventuraría que el mito hobbesiano es más o menos aceptado, sin cuestionarlo, por lo menos el 90% de la población adulta. Hasta ese punto está extendida la creencia en el carácter indispensable de la protección y la defensa estatales. Sin embargo, creer una cosa no la convierte en verdadera. Si la creencia es falsa, la acción erará. ¿Qué sucede con la prueba? ¿Confirma a Hobbes y a sus seguidores o más bien corrobora los temores y reservas anarquistas?

Los Estados Unidos se fundaron expresamente como un Estado «protector» de estilo hobbesiano. Esto es lo que se dice en la Declaración de la independencia redactada por Jefferson: «Sostenemos la evidencia de verdades: que todos los hombres son creados iguales; que el Creador les doto de derechos inalienables; que entre estos se cuenta el derecho a la vida, a la libertad y a la persecución de su felicidad; que los gobiernos, que derivan sus legítimos poderes del consentimiento de los gobernados, han sido instituidos para asegurar estos derechos».

El gobierno de los Estados Unidos se instituyo para cumplir exclusivamente una misión: la protección de la vida y la propiedad. Así pues, debería proporcionar el mejor ejemplo para juzgar la validez de la afirmación hobbesiana (la vocación protectora del Estado). Después de más de dos siglos de estatismo protector, ¿en qué situación se encuentra nuestra protección y la pacifica cooperación humana? ¿Ha tenido éxito el experimento americano del estatismo protector?

Según las opiniones de nuestros gobernantes y sus intelectuales orgánicos—más numerosos que en épocas anteriores—, nunca hemos estado tan bien protegidos y seguros. Supuestamente estamos a salvo del calentamiento y el enfriamiento globales; de la extinción de animales y plantas; de los abusos de los maridos y las esposas, de los padres y los empresarios; también de la pobreza, la enfermedad, los desastres, la ignorancia, los perjuicios, el racismo, el sexismo, la homofobia y otros incontables enemigos y peligros públicos. Para proporcionarnos toda esa «protección» frente a problemas tan diversos, los administradores del Estado expropian más del 40% de los ingresos de los productores privados cada año. El endeudamiento y las responsabilidades del gobierno se han engrosado ininterrumpidamente, incrementándose a su vez la necesidad de futuras expropiaciones. La sustitución del oro por el papel moneda del gobierno ha hecho aumentar claramente la inseguridad financiera. Con la depreciación monetaria se roba a los individuos continuamente. Todos los detalles de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación están regulados por montañas de leyes cada vez más altas (legislación), lo que es causa de una incertidumbre legal permanente y del deterioro moral. Nos han arrancado, particularmente, el derecho de exclusión, consustancial con la propiedad privada. No podemos, como vendedores o como compradores, vender o comprar a quien mejor nos parezca. Tampoco se nos permite concertar con nuestros socios los pactos restrictivos que, como miembros de una asociación, consideremos mutuamente beneficiosos. Como americanos, tenemos que aceptar en nuestro vecindario a inmigrantes que no queremos tener cerca. Como profesores no podemos desentendernos de los estudiantes de conducta desviada. Como empresarios tenemos que cargar con trabajadores destructivos o sin preparación. Como propietarios de tierras nos vemos obligados a vivir con pésimos arrendadores. Como banqueros y aseguradores no nos está permitido dejar de asumir graves riesgos. Como propietarios de restaurantes y bares tenemos que acomodar a clientes que no son bienvenidos. Como socios de clubes privados somos constreñidos a aceptar cierto tipo de miembros o acciones que violan nuestras propias reglas y restricciones. En suma, cuanto más crecen los Estados en la seguridad «social» y la protección «pública», más se erosionan nuestros derechos de propiedad privada, más expropiaciones, confiscaciones, destrucciones y depredaciones minan nuestra propiedad y más se nos priva el verdadero fundamente de toda protección: la independencia económica, la fortaleza financiera y la riqueza personal[1]. Todos los presidentes y la mayoría de miembros del congreso han dejado en el camino cientos de miles de víctimas sin nombre de la ruina económica, la bancarrota financiera, la crisis, el empobrecimiento, la desesperación, las privaciones y la frustración.

El retrato es todavía más desolador si consideramos la política exterior. El territorio continental de los Estados Unidos rara vez ha sido atacado por un ejército extranjero. (Pearl Harbor fue el resultado de una provocación norteamericana). Los Estado Unidos se han distinguido por tener un gobierno que declaro la guerra contra una amplia parte de su población, implicándose en el cruel asesinato de cientos de miles de sus ciudadanos. Además, mientras que las relaciones entre los ciudadanos americanos y los extranjeros no parecen haber sido especialmente conflictivas, el gobierno de los Estado Unidos, casi desde sus orígenes, practicó permanentemente un expansionismo agresivo. Desde la guerra hispano-norteamericana hasta nuestros días, pasando por dos guerras mundiales, el gobierno de los Estados Unidos ha estado implicado en cientos de conflictos internacionales, elevándose al rango de potencia imperialista hegemónica. Puede que casi todos los presidentes del siglo XX han sido responsables del homicidio, el asesinato o la muerte por inanición de muchísimos inocentes en todo el mundo. Mientras que nosotros, los ciudadanos, nos empobrecíamos y nos sentíamos amenazados e inseguros, el gobierno de los Estados Unidos se ha hecho cada vez más cínico y agresivo. En el nombre de la seguridad «nacional» «nos» defiende. Por eso se ha pertrechado con enormes arsenales de arma de agresión y de destrucción masiva, intimidando a todo nuevo «Hitler», grande o pequeño, y a todos aquellos sospechosos de simpatizar con él en cualquier lugar del mundo[2]

La evidencia empírica es clara. La creencia es un Estado protector constituye un error patente y el experimento americano del estatismo proteccionista un completo fracaso. El gobierno de los Estados Unidos no nos protege. En realidad, no existe un peligro más grande para nuestra vida, propiedad y prosperidad que ese gobierno. El presidente de los Estados Unidos representa la mayor amenaza armada del mundo, capaz de terminar con quien se oponga y destruir el planeta.

[1] Véase H,-H. Hoppe, «Where the Right Goes Wrong», en Rothbard-Rockwell Report, 8, n.º 4, 1997.

[2] Véase J. V. Denson (ed.), The Cots of War: Amercia’s Pyrrhic Victories. Del mismo, A Century of War: Studies in classical Liberalism, Auburn, Al. Ludwig von Mises Institute, 199. Desde el final de la II Guerra mundial, el gobierno de los Estados Unidos ha intervenido militarmente en China (1945-46), Corea (1950-53), China (1950-53), Irán (1953), Guatemala (1954), Indonesia (1958), Cuba (1959-60), Guatemala (1960), Congo (1964), Perú (1965), Laos (1964-73), Vietnam (1961-73), Camboya (1969-70), Guatemala (1967-69), Granada (1983), Líbano (1983), Libia (1986), Salvador (década de 1980), Nicaragua (década de 1980), Panamá (1989), Iraq (1991-99), Bosnia (1995), Sudán (1998), Afganistán (1998) y Yugoslavia (1999). Por lo demás, el gobierno de Estado Unidos tiene tropas estacionadas en casi ciento cincuenta países.

Parte III

Los estatistas reaccionan como los socialistas cuando se enfrentan a los catastróficos resultados económicos de la unión soviética y sus satélites. No niegan necesariamente la sombría realidad de los hechos pero sostienen que estos últimos son resultado de la discrepancia (desviación) entre el estatismo (socialismo) «real» y el «ideal» o «verdadero». Los socialistas defiende que el «verdadero» socialismo no ha sido todavía refutado por la experiencia y que todo hubiese ido mejor alcanzándose un prosperidad sin parangón, de haber triunfado el socialismo de Trotsky, Bujarin u otras versiones auténticas, en vez del estalinismo. Del mismo modo toda evidencia aparentemente contradictoria es interpretada por los estatistas como algo meramente circunstancial. Si en determinados momentos históricos hubiese alcanzado el poder cierto presidente o si se hubiese adoptado esta o aquella enmienda constitucional, se habrían garantizado la paz y la seguridad como nunca antes se hiciera. Se dice entonces que eso es todavía posible si se aplican sus políticas.

Hemos aprendido de Ludwig von Mises como responder a la evasiva (y autoinmune) estrategia socialista[1]. Mientras subsista como característica definitoria o esencial del socialismo la inexistencia de la propiedad privada de los factores productivos, de nada servirán las reformas. La idea de una economía socialista es una contradicción en sus propios términos y la pretensión de que el socialismo presenta un modelo de producción social «superior» y más eficiente es absurda. Para realizar eficientemente los propios fines sin malgastar los recursos disponibles, en el marco de una economía de intercambio basado en la división del trabajo, se necesita del cálculo monetario, (contabilidad de costes). Salvo para una economía familiar primitiva autosuficiente, el cálculo monetario es el único instrumento de una acción racional y eficiente. Tan solo la comparación aritmética entre ingresos y gastos en término de un medio común de intercambio (moneda) permite a una persona determinar si su acción es acertada o no. En cambio el socialismo es la total ausencia de economía. Sus condiciones hacen imposible, por definición, el cálculo monetario y la contabilidad de costes. Si no existe la propiedad privada de los factores de producción, estos no tienen precio, por lo que resultará imposible determinar si se están empleando económicamente o no. Así pues, el socialismo no es un modo superior de producción, sino el caos económico y la regresión al primitivismo.micos de la unión soviética ysus satélites. No niegan necesariamente la sombría realidad de los hechos pero sostienen que estos últimos son resultado de la discrepancia (desviación) entre el estatismo (socialismo) «real» y el «ideal» o «verdadero». Los socialistas defiende que el «verdadero» socialismo no ha sido todavía refutado por la experiencia y que todo hubiese ido mejor alcanzándose un prosperidad sin parangón, de haber triunfado el socialismo de Trotsky, Bujarin u otras versiones auténticas, en vez del estalinismo. Del mismo modo toda evidencia aparentemente contradictoria es interpretada por los estatistas como algo meramente circunstancial. Si en determinados momentos históricos hubiese alcanzado el poder cierto presidente o si se hubiese adoptado esta o aquella enmienda constitucional, se habrían garantizado la paz y la seguridad como nunca antes se hiciera. Se dice entonces que eso es todavía posible si se aplican sus políticas.

Murray N. Rothbard nos ha enseñado como responder a la evasiva estrategia de los estatistas[2]. Sin embargo la diáfana y trascendental lección Rothbardiana no ha sido hasta hace poco reconocida y apreciada. Mientras persista la esencia del estado, solía decir toda reforma personal o constitucional, será inútil. Supuesto el principio de todo gobierno –monopolio judicial y poder fiscal—la limitación de su poder y la salvaguarda de la vida y la propiedad personales son meras ilusiones. El monopolio hace aumentar el precio de la justicia y la protección y rebaja su calidad. Una agencia de protección financiada con impuestos resulta contradictoria, pues estos suben cada vez más y la protección empeora. Aunque el gobierno se limitara exclusivamente a la protección de los derechos de propiedad vigentes —lo que en principio constituye su misión—no por ellos dejaría de plantearse la cuestión ulterior de cuánta seguridad se necesita. La respuesta del gobierno —como la de cualquier otro actor—, motivado por el propio interés y la de su utilidad del trabajo, será invariablemente la misma: Maximizar los gastos en protección —siendo concebible que casi toda la riqueza nacional se utilice para financiarlos—y minimizar la producción de seguridad. El monopolio judicial por otro lado deteriora la calidad de la justicia y la protección que administra. Si únicamente se puede recurrir al gobierno para obtenerlas, la justicia y la protección se pervierten en beneficio de quien la administra, no obstante las constituciones y los Tribunales supremos. Después de todo, no se trata sino de constituciones y tribunales supremos estatales cuyas limitaciones a la acción del gobierno están determinadas por agentes dependiente del mismo gobierno. En consecuencia, la definición de la propiedad y la protección sufrirán continuas alteraciones y del ámbito de la jurisdicción se ampliara para favorecer al gobierno.

De aquí se deduce, según Rothbard, que lo mismo que el socialismo no puede ser reformado sino que tiene que ser abolido para lograr la prosperidad, tampoco la institución estatal puede ser reformada, sino que tiene que desaparecer para que se garanticen la justicia y la protección. «La defensa en una sociedad libre —incluyendo servicios de defensa personal y dominical como la protección policial y los fallos judiciales—tendría que ser suministrada, concluye Rothbard, por personas y empresas que (a) obtuviesen sus ingresos en transacciones voluntarias, no coercitivas y (b) no se arrogasen, como hace el Estado, el monopolio coactivo de la protección policial y judicial… Las empresas de defensa tendrían que poder competir libremente y sin causar daños a las gentes pacíficas, en las mismas condiciones, por tanto, que cualesquiera otros proveedores de bienes y servicios en el mercado libre. Los servicios de defensa, como los demás servicios, pueden y deben ser exclusivamente objeto de comercio»[3].

Cualquier propietario particular debería poder participar de las ventajas de la división del trabajo y procurarse una protección más eficiente que la podría obtener por sus propios medios (autodefensa) o cooperando directamente con otros propietarios. Todo el mundo tendría derecho a compra, vender o, en general, a obtener contractualmente de un tercero los servicios de protección y judiciales, pudiendo en todo momento abandonar la cooperación con terceros y defenderse por si mismo o cambiar la afiliación protectora.

[1] L. von Mises, El socialismo. H.-H. Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism, cap. 6.

[2] M. N. Rothbard, La ética de la libertad, espec. Caps. 22 y 23.

[3] M. N. Rothbard, Power and Market, p. 2.

Parte IV

Después de revisar el mito de la seguridad colectiva —que no es otra cosa que el mito de Estado— y refutarlo desde supuestos empíricos y teóricos, debo proceder a construir el argumento a favor de la seguridad y protección privada para acabar con el mito de la seguridad colectiva no basta con poner de manifiesto el error implícito en la noción de un estado protector. Es tan importante o más comprender de qué modo operaria, efectivamente, la alternativa de la seguridad no estatal. Rothbard, continuando los estudios precursores del economista Francobelga Gustave de Molinari[1], nos ha proporcionado un bosquejo del sistema de la protección y la defensa en un mercado libre[2]. Estamos también en deuda con Morris y Linda Tannehill por sus agudos análisis e intuiciones a este respecto[3]. Elaborare mi propio análisis siguiendo su ejemplo, con el fin de proporcionar una más comprehensiva visión del sistema alternativo —no estatal— de provisión de seguridad y protección y su capacidad para repeler los ataque de individuos, bandas, y particularmente, Estados.

Existe un acuerdo general entre liberales libertarios como Molinari, Rothbard, Los tannehill y otros muchos comentaristas sobre la defensa como una forma de aseguramiento y los gastos que la misma conlleva como una especie de prima (precio). Por tanto, y en esto insisten especialmente Rothbard y Los tannehill, los candidatos más probables para ofrecer los servicios de protección y defensa en una economía moderna y compleja, basada en la división internacional del trabajo, son las agencias de seguros. Cuanto mejor sea la protección de la propiedad asegurada de menor cuantía será las reclamaciones por daños y consecuentemente disminuirán los costes del asegurador. Así pues, proporcionar una eficiente protección parece redundar en el propio interés financiero de todo asegurador. De hecho, aunque su actividad está limitada y obstaculizada por el estado, y las compañías de seguros ofrecen una amplia gama de servicios de protección e indemnización (compensación) de daños infligidos a particulares. Las compañías de seguros cumplen una segunda y esencial condición. Obviamente quien quiera que ofrezca protección debe parecer capaz de cumplir lo pactado si quiere conseguir clientes. Tiene que poseer los medios económicos necesarios —recursos humanos y financieros— para ocuparse de los peligros, ciertos o supuestos, del mundo real. También en este punto las agencias aseguradoras se presentan como las candidatas perfectas. Operan a escala nacional, incluso internacional y sus recursos están repartidos por todo el mundo más allá de las fronteras estatales. Tienen pues un interés manifiesto en la protección efectiva. Son «grandes» y económicamente poderosas, pero además están todas conectadas a través de una red de acuerdos de asistencia mutua y arbitraje. El sistema internacional de agencias de reaseguramiento constituye una combinación de poder económico de tal magnitud que deja pequeño a la mayoría de los gobiernos.

Permítaseme ahora examinar la tesis de que la protección y la defensa son formas de «aseguramiento» que pueden ser ofrecidas por compañías de seguros. Mi análisis tiene 2 presupuestos. En primer lugar, No es posible asegurar una persona frente a todas las contingencias de la vida. Por ejemplo, yo no puedo asegurarme contra el suicidio, el incendio de mi propia casa, el desempleo, las pocas ganas de levantarme por la mañana o las pérdidas de mi empresa, pues el resultado final, en cada caso, depende total o parcialmente de mí. Este tipo de riesgos deben asumirse individualmente. Nadie, salvo yo mismo, puede hacerles frente. En este sentido, el punto de partida es aquello que hace de la protección y la defensa riesgos asegurables. Después de todo, como ya hemos visto aquí, la cosa no es tan evidente. ¿Acaso no tenemos cada uno de nosotros un apreciable control sobre la posibilidad de sufrir un ataque invasivo de nuestra persona o propiedades? ¿No es cierto que podemos hacernos responsables de un ataque contra nosotros mismos al agredir o provocar a un tercero y que, en tal caso, la protección se convierte en una contingencia inasegurable, como el suicidio y el desempleo, que todo individuo tiene que asumir personalmente?

La respuesta no puede ser un si o un no excluyentes. Será afirmativa en la medida en que nadie puede ofrecer una protección incondicional, es decir, el aseguramiento frente a cualquier tipo de invasión. Este tipo de protección tan sólo está al alcance de cada individuo. Pero la respuesta habrá de ser negativa en lo que se refiere a una protección condicional, pues únicamente las agresiones provocadas por la víctima no son susceptibles de ser aseguradas. Los ataques no provocados, es decir «accidentales», puede, por el contrario, asegurarse[4]. Así pues, la protección deviene un bien asegurable si y sólo si, el agente asegurador restringe contractualmente las acciones del asegurado, excluyendo toda «provocación» por su parte. Las distintas compañías pueden definir la provocación de diversa forma, pero no habrá diferencias entre los aseguradores con respecto al principio de exclusión «prohibición» de toda acción hostigadora.

Por elemental que pueda parecer esta primera aproximación a la naturaleza esencialmente defensiva —no agresiva y no provocadora— del seguro de protección, tiene una enorme importancia. Por un lado, ello supone que ningún agresor conocido podrá conseguir que le aseguren quedando aislado y debilitado económicamente. Por el otro quien desee más protección de la que sea capaz de procurarse a si mismo, sólo podrá obtenerla a condición de que se someta a determinada normas de conducta no agresiva y civilizada. Además, cuanto mayor sea el número de personas aseguradas —y en una economía de intercambio moderna la mayoría de la gente no se conforma con la autodefensa— mayor será la presión económica sobre los que no están asegurados para que adopten los mismo patrones de conducta social. En este sentido, el resultado de la competencia entre aseguradores será una tendencia a la baja en el precio de las primas.

Al mismo tiempo, un sistema de aseguradoras competitivas tendría un doble impacto sobre el modo de producción del derecho, contribuyendo a reducir los conflictos. Este sistema tendría en cuenta la creciente variabilidad y flexibilidad de la ley. En vez de imponer, como el Estado, un patrón jurídico uniforme, las agencias aseguradoras competirán no solo con los precios, sino también mediante la diferenciación del producto. Los aseguradores se diferenciarían y distinguirían unos de otros según el código de conducta impuesto a sus clientes y el comportamiento que se espera de ellos en cada caso, el procedimiento probatorio o el tipo de compensaciones y castigos. Coexistirían así aseguradores católicos, judíos, musulmanes y no creyentes que aplicarían, respectivamente, el Derecho canónico, la Ley mosaica, la Ley coránica o un Derecho secular en cualquiera de sus variantes, y que estarían sostenidos por una clientela voluntaria, objeto de su competencia. Los consumidores podrían elegir y, en ocasiones, cambiar el derecho aplicable a su persona y propiedades, pues nadie seria forzado a vivir sometido a un derecho «extraño». De este modo se eliminaría una importante fuente de conflictos.

Ahora bien, un sistema de aseguradores que ofrecen códigos legales competitivos promovería la unificación del derecho. El derecho «domestico» —católico, judío, romano, germánico, etc. —únicamente se aplicaría y obligaría a todos los asegurados por el mismo asegurador bajo la misma ley. El Derecho canónico, por ejemplo, tan solo se aplicaría a los católicos, rigiendo únicamente en los conflictos entre católicos. Mas es posible que un católico trate o tenga alguna diferencia con gentes ajenas a su confesión, deseando entonces ser protegido de los adscritos a otros códigos, por ejemplo, el coránico. Esto no supondría un problema si las leyes canónica y coránica ofrecen una solución parecida en el caso litigioso. Sin embargo, si cada código llegara a una conclusión distinta. —Supuesto que necesariamente se presentaría en algunos casos—, nos enfrentaríamos a un nuevo problema. En un conflicto de estas características resulta inútil la apelación del asegurado al código de su propio grupo, pues no puede pretender que su compañía católica someta a sus fallos a un asegurador musulmán, o viceversa. Cada asegurador tendrá más bien que contribuir al desarrollo de un derecho intergrupal, aplicable en aquellos supuestos de discrepancia entre los códigos de los aseguradores. Comoquiera que estas provisiones resultarán creíbles a los asegurados, que las considerarán un bien, en la medida en que sean también aceptadas por otros aseguradores —y cuanto más mejor—, la competencia promoverá el desarrollo y el refinamiento de un cuerpo jurídico que suscitará el más amplio consenso legal y moral (abarcador de varias culturas), representando el más amplio denominador común entre los diversos códigos jurídicos del mercado[5]

Aunque los diversos aseguradores y códigos puedan discrepar sobre la conveniencia de plantear ciertos casos ante una y otra sede, las circunstancias les obligarían a someterse en esos supuestos al arbitraje de una tercera parte independiente. Esta, empero, no sólo sería independientes de las dos partes discrepantes. También seria, simultáneamente, la elección unánime de ambas; razón por la cual los árbitros representarían o incluso personificarían el «consenso» y la «predisposición al acuerdo». Sus fallos seria aceptados al reconocer las partes su capacidad para hallar y formular soluciones mutuamente satisfactorias, es decir, «equitativas», en los supuestos de desacuerdos que afectan a diversos grupos. Además, si un árbitro errara y ofreciese soluciones percibidas como «injustas» o «parciales» por uno de los aseguradores o sus clientes, sería muy poco probable que esa persona volviese a ser elegida como árbitro.

En consecuencia los contratos de protección y seguridad serian el resultado más destacable de la competencia desatada entre diversos aseguradores a la búsqueda de clientes. Los aseguradores, al contrario que los Estados, ofrecerían a sus clientes unos contratos con descripciones precisas del producto y claras definiciones de las cargas y obligaciones. La relación entre los asegurados y los árbitros estaría pues definida y regida por un instrumento contractual. Cada parte de un contrato durante su término o hasta su cumplimiento, estaría limitada por sus estipulaciones y condiciones. Cualquier cambio de las mismas exigiría el consentimiento unánime de las partes concertadas. En condiciones de competencia no puede admitirse la «legislación». Ningún asegurador que sea un Estado saldría bien librado si «prometiera protección» a sus clientes sin explicarles de qué modo y a qué precio, manifestando además que, si así lo decidiera unilateralmente, podría cambiar las condiciones de la relación protector-cliente. Los clientes asegurados demandarían un servicio «mejor», a lo que los otros aseguradores accederían ofreciendo contratos y un derecho Constante, en vez de promesas y una legislación movediza y cambiante. La cooperación permanente entre varios aseguradores y árbitros inauguraría una tendencia a la unificación del derecho de la propiedad y los contratos, así como a la armonización de las reglas de procedimiento, prueba y resolución de conflictos, incluidos los asuntos relacionados con la responsabilidad, agravios, compensaciones y castigos. Gracias al seguro de protección contratado. Todo conflicto y reclamación por daños, por insignificante que parezcan, caería bajo la jurisdicción de una o más agencias de seguros y podrían ser abordadas según el código «domestico» de un asegurador particular, o según las previsiones y procedimiento legales «internacionales» previamente acordados por un grupo de aseguradores, quedan si así plenamente asegurada ex ante la estabilidad y la certeza jurídica.

[1] G. de Molinari, The Production of Security

[2] M.N. Rothbard, Power and market, cap. 1. También su For A New Liberty, caps. 12 y 14.

[3] M. y L. Tannehill, The Market for Liberty, espec. parte 2

[4] Sobre la «lógica» del aseguramiento véase L. von Mises, La acción humana, cap. 6. M.N. Rothbard, Man, Economy, and state, vol. II, pp. 498 sq. H.-H. Hoppe, «On certainty and Uncertainty, Or: How Rational Can Our Expectations Be? », en Review of Austrian Economic, 10, n. º 1, 1997. También Richard Von Mises, Probability Statistics and truth. Nueva York, Dover, 1957. Frank H. Knight, Risk, Uncertainty, and Profit. Chicago, University of Chicago Press, 1971.

[5] Sobre esto puede verse H.-H. Hoppe, Eigentum, Anarchie und staat, pp. 122-26.

Parte V

Debemos ocuparnos ahora de la segunda cuestión. Con independencia de la asegurabilidad de la protección defensiva, el seguro presenta dos formas básicas. Permítasenos considerar tan solo dos ejemplos característicos: el aseguramiento contra desastres naturales, como terremotos, inundaciones o huracanes, y el aseguramiento contra accidentes o desastres industriales, como el mal funcionamiento de ciertas instalaciones, las explosiones o los productos defectuosos. Aquellos pueden servir como ejemplos del seguro de grupos o mutualista. Algunos territorios son más propensos a los desastres naturales que otros; por esta razón, la demanda y el precio de seguros será más alto en esas áreas. Los riesgos de cualquier localización geográfica dentro de ciertos límites territoriales son contemplados homogéneamente por el asegurador. El asegurador conoce presumiblemente la frecuencia e intensidad de los eventos en la región concebida como una unidad pero en cambio lo ignora todo sobre el riesgo particular de una ubicación concreta. En este caso, toda persona asegurada pagará la misma prima por valor asegurado. Las primas recaudadas en un periodo de tiempo dado que deben ser suficientes para cubrir todas las reclamaciones por daños acontecidos en dicho periodo temporal, o de otro modo, el negocio del asegurador incurriría en pérdidas, puede decirse, en suma, que los riesgos individuales concretos son agrupados y asegurados en común.

Los seguros industriales constituyen ejemplos de aseguramiento individual. Al contrario que los desastre naturales, el riesgo asegurado en este caso es el resultado de la acción humana, concretamente de los esfuerzos productivos. Todo proceso de producción está controlado por un productor individual. Ningún productor se propone como meta de su actividad experimentar un siniestro. No obstante, según se ha expuesto ya, únicamente son asegurables los desastres accidentales, es decir, no intencionados. Aunque la producción está ampliamente regulada tiene generalmente, buen fin, los productores y las tecnologías que emplean no es están libres de eventuales contratiempos y accidentes que escapan a su control —el margen de erros—. En la medida en que se trata de la resultante —intencionada o no— de los esfuerzos de producción individuales y de unas técnicas concretas, este tipo de producción individual y de unas técnicas concretas, este tipo de riesgo varía mucho en cada caso. El riesgo de los diferentes productores y técnicas no puede agruparse, de modo que cada productor debe asegurarse individualmente. El asegurador tendrá que conocer en este caso la frecuencia temporal del evento, pero, salvo que se tratara de un productor y de unas técnicas operantes de todas épocas, no puede saber la posibilidad de que el evento se produzca en un momento singular. No puede presumirse que las primas cobradas en un periodo dado bastaran para cubrir todos los daños emergentes durante dicho periodo. La presunción correcta es otra: que las primas correspondientes a numerosos periodos temporales serán suficientes para cubrir las reclamaciones por daños del lapso temporal abarcador de todos los periodos. En consecuencia, un asegurador debe disponer de reservas de capital para cumplir sus obligaciones contractuales, tomando en consideración el valor actualizado de sus reservas a la hora de calcular las primas.

Otro asunto de interés es que tipo de seguro protege contra las agresiones e invasiones de otros actores. ¿Puede tratarse de un seguro mutualista, como los que cubren desastres naturales, o puede ofreceré como un seguro individual, como en el caso de los accidentes industriales?

Nótese que ambas formas de aseguramiento representan únicamente los dos extremos posibles de un continuo y que la posición en el mismo de una riesgo particular nunca esta definitivamente fijada. A causa de los avances científicos y tecnológicos en meteorología, geología o ingeniería, por ejemplo, riesgos que anteriormente se consideraban homogéneos (susceptibles de una seguro mutualista) pueden descomponerse poco a poco, dejando de serlo. Es digna de mención está tendencia en el capo de los seguros médicos y de la salud. Los avances en ingeniería genética médica —huella genética— están determinando que riesgos homogéneos o inespecíficos con respecto a grandes poblaciones, se hayan convertido en riesgos casa vez más heterogéneos y específicos.

¿Puede añadirse algo, teniendo todo esto en cuenta, sobre los seguros de protección en particular? Creemos que sí. Después de todo, aunque el seguro necesita que el riesgo sea accidental desde el punto de vida del asegurador y el asegurado, el evento de invasión agresiva se aparta claramente del supuesto de los desastres naturales o industriales. Estos son el resultado de las fuerzas de la naturaleza y la agresión en una acción humana. Por otro lado, la naturaleza es «ciega» y no discrimina entre individuos o tiempo; un agresor en cambio, sí que puede distinguir y elegir sus víctimas y el momento de lanzar su ataque.

Tomado de Democracy: The God That Failed, 2001. Publicado por Alejandro Bermeo Rodriguez.

About Rodrigo Betancur

Estudioso de la Escuela Austríaca de Economia
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